Se ha avanzado en materia de cobertura, eficiencia y calidad de los servicios públicos, lo cual se traduce en una presión para incrementar los recursos públicos destinados a atender el gasto social.
En este sentido, durante el período de 1987 a 1991, el gasto en sectores sociales (salud, trabajo y previsión social, educación, ciencia, cultura y deportes, agua y saneamiento, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente) alcanzó en promedio el equivalente al 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB-. El porcentaje disminuyó a 4.1 por ciento en el período de 1992 a 1996, para luego
incrementarse a un promedio de 5.7 por ciento de 1997 a 2001, y a 6.5 por ciento del PIB durante el período de 2002 a 2006. En términos del presupuesto total, el gasto en sectores sociales se ha incrementado de un promedio de 36.1 por ciento en el período 1987-1996 a 46.1 por ciento en el período 1997-2006; sin embargo, pese a estos avances, muchos compromisos emanados de los Acuerdos de Paz aún no se han alcanzado.
- El alineamiento de objetivos de desarrollo con instrumentos de inversión, sujeto de modernización y mejoras en políticas, programas y proyectos (mayor pertinencia cultural; mayor enfoque de género, mayor rentabilidad socioeconómica, mayor sinergia entre inversiones sectoriales, diseño de instrumentos de inversión basados en comprensión más acertada y actualizada de las realidades que se atienden, entre otros).
- Los programas sociales están altamente fragmentados, con baja cobertura y escasa focalización lo cual abre espacio a grandes mejoras. Como ejemplo se puede mencionar la existencia en el presupuesto de dos o tres categorías programáticas orientadas a atender las necesidades de cobertura educativa mediante las becas, lo cual tiende a fragmentar los recursos, una forma de lograr mejoras en este sentido, es consolidando los recursos y mejorando la focalización a fin de eficientar el gasto público.
- La inexistencia en la ejecución de los gastos públicos de sistemas de evaluación de impacto, salvo casos independientes como el Ministerio de Salud, Educación y la Sesan.
¿Cuál es la realidad en cuánto a la asignación de recursos para los pueblos indígenas?
De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas públicas, en el anteproyecto de presupuesto presentado al Congreso se tiene una asignación presupuestaria destinada a pueblos indígenas para el año 2006 de Q473.00 millones, que deberá ser ejecutada por cinco entidades que tiene vinculación directamente al desarrollo de los pueblos indígenas.
¿Cuál fue la inversión pública para pueblos indígenas y población rural para el 2006?
SEGEPLAN ha introducido criterios metodológicos que faciliten la inclusión de la población indígena y rural en la inversión pública. Específicamente se han diseñado, metodológicamente, criterios para priorizar la inversión pública en zonas geográficas densamente pobres donde se sabe que existe una correlación muy alta con zonas geográficas con alta presencia de poblacional indígena.
La composición económica del gasto público presenta asignaciones substanciales en transferencias de recursos del gobierno central, hacia los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Dichas asignaciones, en promedio para el período 2003 - 2006, fueron de 0.36 por ciento respecto del PIB, mientras que el aporte a las municipalidades ha sido durante ese mismo período de 1.02 por ciento respecto del PIB. En este sentido Guatemala se destaca por haber avanzado más lejos entre los países centroamericanos en el proceso de la descentralización fiscal.
Aportes constitucionales
Período 2003-2006
En porcentaje del PIB
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Municipales | 1.12 | 1.08 | 1.15 | 0.74 |
| Consejos de Desarrollo | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
Fuente: Elaboración de Segeplan con información del Banguat y Minfin
Sin embargo en este proceso de descentralización fiscal presente grandes desafíos entre los cuales se puede mencionar:
A nivel de los gobiernos municipales, implica vincular la planificación municipal y la planificación estratégica territorial, a la programación presupuestaria
A nivel del Sistema de Consejos de Desarrollo, implica fortalecer la institucionalidad de dicho sistema y sus capacidades para que la programación presupuestaria responda también a la planificación estratégica territorial.
A nivel sectorial, implica mejorar los esfuerzos de inversión mejor focalizada; fortalecer las capacidades de inversión coordinada multisectorial para generar sinergias necesarias orientadas a alcanzar objetivos globales, además de objetivos puramente sectoriales. Esto ya se esta comenzando a hacerse bajo la Estrategia de Reducción de Pobreza Guate Solidaria Rural, y bajo la programación presupuestaria multianual orientada al desarrollo económico incluyente en el Altiplano Occidental. Adicional-mente, la planificación y programación presupuestaria sectorial también debe empezar a vincularse (a responder a, y a complementarse con) al nuevo modelo de planificación estratégica territorial.
¿En cuánto al gasto público en áreas rurales?
En lo relativo al gasto público en áreas rurales guatemaltecas, los esfuerzos se han orientado a la dotación de recursos cada vez mayores. Consecuentemente, durante el período 2000 - 2006 se ha registrado una tasa promedio anual de crecimiento del 10.8 por ciento. Asimismo, en términos del PIB el gasto público rural fue de 2.5 por ciento, en tanto que para el año 2006 es del 3.3 por ciento.
Se estima que el gasto público rural, se orienta fundamentalmente a incentivar la productividad, así como a dotar de infraestructura física y social a las áreas rurales del país. Resaltan los montos de gasto público rural orientado a dotar de infraestructura física, cuya participación es la mayor dentro del total de gasto público rural. También son importantes los recursos de gasto público rural utilizados en infraestructura social.
¿Hasta dónde ha sido efectivo el gasto público en el contexto de las demandas sociales y prioridades?